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Pero las noticias archiveras que nos llegan hoy 19 de noviembre, a pocas horas de un más que probable cambio de gobierno, no acaban con lo que contábamos en el post anterior.
En el BOE aparecido hoy se publica el REAL Decreto 1674/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea el Archivo General e Histórico de Defensa.
La nota de prensa remitida por el Ministerio de Defensa recoge así la noticia:
Aprobado por el Consejo de Ministros
Nace el Archivo General e Histórico de Defensa
El nuevo organismo está llamado a ser uno de los principales referentes del Sistema Archivístico de la Defensa.
El Ministerio de Defensa gestiona el mayor patrimonio documental del Estado después del Ministerio de Cultural.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se crea el Archivo General e Histórico de Defensa, de titularidad estatal y carácter nacional, que tendrá su sede en Madrid y está llamado a ser uno de los principales referentes del Sistema Archivístico de la Defensa.
Los fondos custodiados en el Archivo General e Histórico de Defensa procederán del propio Órgano Central del Ministerio, de sus organismos autónomos y periféricos, así como de otros órganos que gestionan los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
Igualmente, custodiará los fondos procedentes de cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de Defensa no integrado en los Subsistemas Archivísticos del Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire; y podrá también aceptar la incorporación de fondos documentales procedentes de otros organismos públicos, o de personas físicas o jurídicas de carácter privado, vinculados a la Defensa o a las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Defensa tiene a su cargo el mayor volumen de patrimonio documental del Estado después del Ministerio de Cultura, con extensos y valiosos fondos que se custodian en los archivos históricos e intermedios militares. En 1977, con la desaparición de los antiguos Ministerios del Ejército, de la Marina y del Aire, y la creación de un único Ministerio de Defensa, éste asumió la responsabilidad de la custodia y control de todo el patrimonio documental producido por las Fuerzas Armadas.
En la actualidad, el Ministerio de Defensa gestiona un total de ocho archivos históricos de carácter nacional (Archivos Generales Militares de Segovia, Madrid, Guadalajara y Ávila; Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército; Archivo General de la Marina ‘Álvaro de Bazán’; Archivo del Museo Naval, y Archivo Histórico del Ejército del Aire), a los que viene a sumarse el Archivo General e Histórico de Defensa.
Defensa también gestiona 17 archivos intermedios, correspondientes a los de los tres Cuarteles Generales (Tierra, Armada y Aire) y a los de las antiguas circunscripciones territoriales de los Ejércitos. Al grupo de archivos históricos cabría añadir también, aunque no tengan carácter de archivos nacionales, los archivos históricos de dos establecimientos científicos de la Armada, el Real Instituto y Observatorio de la Armada y el Instituto Hidrográfico de la Marina.
Conservación y difusión de la documentación
La creación del Archivo General e Histórico de Defensa se enmarca en las diversas actuaciones que viene realizando el Ministerio de Defensa durante los últimos años para la mejor conservación y difusión de la documentación bajo su custodia, y contribuir así al conocimiento y la reflexión sobre nuestra historia.
En este sentido, el Ministerio de Defensa, con la aprobación del Reglamento de Archivos Judiciales Militares (2009) y en cumplimiento de la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica, viene realizando en los últimos años diversas actuaciones para poner a disposición de la sociedad los expedientes de los encausados por la jurisdicción militar como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.
De este modo, se han firmado convenios con Comunidades Autónomas, Universidades y Fundaciones o entidades privadas vinculadas con la recuperación de la memoria histórica, para digitalizar y facilitar la difusión de esta documentación, como parte de una línea continuada de actuación para promover el acceso de ciudadanos e investigadores a la documentación histórica acumulada a consecuencia de la actividad de las Fuerzas Armadas.
Por su importancia, creo que se merece un post propio. Paso a copiar el texto de la nota de prensa emitida por el Ministerio de Cultura.
El Gobierno aprueba el Real Decreto por el que se crea el Sistema Español de Archivos
18 de noviembre de 2011
Los ciudadanos podrán acceder de una forma más sencilla a los archivos de la Administración General del Estado
Se establece un procedimiento común de acceso y un plazo máximo de un mes para que los órganos competentes resuelvan las solicitudes de acceso a los archivos
Se crean los dos sistemas archivísticos pendientes en nuestro país-El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, así como su régimen de acceso, que será común para todos los archivos y más sencillo para los ciudadanos.
A través de este decreto se llena el vacío normativo existente en materia archivística y de acceso a archivos y se renueva una normativa que se remontaba al año 1901. Asimismo, la nueva normativa se adapta a los cambios derivados de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la perspectiva autonómica y al reconocimiento a la ciudadanía de una serie de derechos de información y acceso.
El decreto aprobado hoy se guía por tres principios:
1.- Modernizar la Administración, mejorando la organización, la eficiencia y la cooperación entre ministerios y entre administraciones en la gestión archivística.
2.- Reforzar la transparencia y la información pública, garantizando el derecho de la ciudadanía de acceso a los archivos y mejorando el acceso electrónico.
3.- Facilitar la tarea de investigación a universidades y científicos de diferentes áreas de conocimiento histórico, sociológico, politológico, estadístico…
Mediante este decreto y a través de la creación del Sistema Español de Archivos se mejora de la cooperación entre administraciones, de acuerdo con las competencias de cada cual y el principio de voluntariedad, a través de convenios, protocolos, etc., y se integra también en el mismo régimen a los de titularidad privada. Asimismo, se crea el Consejo de Cooperación archivística, adscrito al Ministerio de Cultura.
Además, el decreto configura el Sistema de Archivos de la AGE y de sus organismos públicos con el objeto de establecer una normativa común para una gestión archivística moderna, ordenada y eficiente, basada en una concepción de servicio público. En este sentido, se crea la Comisión de Archivos de la AGE, como órgano interministerial adscrito al Ministerio de Presidencia, y se profundiza en lo relativo a los documentos electrónicos generados en el ámbito de la Administración.
En tercer lugar, se establece el procedimiento para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a documentos y archivos de titularidad del Estado y sus organismos públicos. Este derecho está reconocido en la Constitución y en nuestras leyes. Sin embargo no estaba regulado el procedimiento para su ejercicio, condición imprescindible tanto para la garantía efectiva del derecho, como para dotar de un marco de actuación preciso y seguro a los responsables de los archivos.
Lo más relevante del procedimiento para ejercer el derecho de acceso a los archivos es que la resolución de la solicitud deberá adoptarse en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente. En caso de no existir respuesta en ese plazo, la solicitud de acceso se entenderá estimada.
El articulado del Real Decreto establece un procedimiento común de acceso de los ciudadanos a los archivos de la A.G.E. y de sus organismos. Regula también los documentos cuyo acceso está restringido y condicionado a la obtención de autorización previa, como los documentos clasificados, los que contengan información cuya difusión pudiera entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado y los que contengan datos personales.
La aplicación de las disposiciones contenidas en este Real Decreto constituye un paso más en la madurez de la organización archivística de nuestro país y en el desarrollo del acceso efectivo de los ciudadanos a la información como práctica esencial del buen gobierno y contribuye a la consecución de unos niveles de transparencia, entendidos como un indicador indiscutible de la calidad de todo sistema democrático.
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